La minería no se defiende con discursos, se gana con licencia social. San Juan volvió a recordarnos algo que muchas empresas todavía no entienden: un proyecto económica y técnicamente viable no equivale a una licencia social.
Mientras GoldQuest Mining Corp. defiende públicamente su proyecto Romero y continúa la búsqueda de la licencia de explotación, tras agotar el correspondiente proceso de evaluación ambiental, en las calles de San Juan y en las redes sociales el mensaje es otro: “Agua sí, oro no”, “San Juan no se vende”, “San Juan es tierra de vida, no de minería”.
La conversación no ocurre en los documentos técnicos, ocurre en la percepción colectiva, y ahí es donde muchas empresas pierden antes de empezar.
La empresa sostiene que el proyecto sería subterráneo, con menor impacto ambiental, y que ya recibió los Términos de Referencia del Ministerio de Medio Ambiente para avanzar con su estudio ambiental. También afirma que el yacimiento representa una oportunidad económica importante para la provincia y el país, incluso con la propuesta de pagar un 8 % adicional a lo establecido por ley como mecanismo para aumentar los ingresos del Estado dominicano y, en consecuencia, de las comunidades.
Todo indica que el proyecto puede ser económicamente viable, que ambientalmente está en fase de estudio y que, en términos técnicos, parece correcto.
Pero la licencia social se construye con confianza, y la confianza no surge cuando llega la rueda de prensa o la vista pública, sino mucho antes.
Una empresa minera que aspira a operar correctamente no puede aparecer cuando necesita permiso. Debe integrarse cuando aún no lo necesita y entender que las comunidades no reaccionan únicamente frente a una mina, sino frente a una historia de más de quinientos años.
Una historia que comienza con la llegada de los colonizadores, con la desaparición de nuestros indígenas, con el intercambio del oro por espejitos, con el abandono de la isla cuando otros territorios parecían más ricos en minerales. Es una memoria colectiva marcada por la extracción sin desarrollo y por una riqueza que salió sin traducirse en bienestar para quienes permanecieron.
Esa desconfianza también proviene de la historia más reciente: del manejo irresponsable de operaciones como Rosario Dominicana, de la falta de inversión ambiental, de la salida de Alcoa sin una remediación adecuada, de comunidades que vieron extraer riqueza de su territorio mientras permanecían en la pobreza.
Surge de promesas incumplidas, daños ambientales, abandono institucional y decisiones tomadas por gobiernos y empresas sin participación de la gente. También se alimenta de terceros que han aprovechado el sentimiento antiminería para construir poder, capital político o protagonismo social, en ocasiones reforzando el miedo sin aportar soluciones.
Por eso la conversación minera trasciende lo técnico y se instala en lo histórico, lo emocional, lo social y lo político.
Ese es el verdadero pasivo: no es geológico, es social. La pregunta central no es si el proyecto resulta viable en términos económicos, geológicos, técnicos y ambientales sino si la comunidad cree que esa empresa actuará de manera distinta.
Ahí comienza todo. Licencia social implica escuchar antes de explicar, actuar con transparencia, presentar riesgos con la misma claridad que los beneficios y aceptar que la comunidad puede rechazar el proyecto, decisión que muchas veces nace de la memoria.
Implica comprender que la reputación no se construye en una agencia de comunicación, sino a partir de gobernanza, ejemplo, coherencia y empatía real.
Se requiere trazabilidad del agua, monitoreo independiente, información pública verificable, mesas permanentes de diálogo, participación local efectiva, planes de cierre desde el inicio, mecanismos funcionales de quejas y beneficios tangibles que no dependan de favores políticos.
No se trata de intervenciones puntuales como pintar escuelas o realizar donaciones en fechas específicas. Esas acciones no construyen sostenibilidad ni confianza.
La comunidad no necesita relaciones públicas, necesita garantías. Necesita confianza, y esa confianza se construye cuando se deja de mirar solo lo técnico y se reconoce a las personas, las familias y las comunidades como parte del proceso.
Aquí aparece uno de los errores más comunes: asumir que la responsabilidad social es suficiente.
Hoy la sociedad exige estándares más altos: criterios ESG verificables, cumplimiento ambiental, respeto territorial y coherencia ética.
La reputación minera ya no se define en una oficina de permisos; se define en espacios cotidianos como grupos de WhatsApp, juntas de vecinos, iglesias, asociaciones de productores y en las conversaciones familiares donde se expresa el temor por el agua.
Ahí se gana o se pierde. GoldQuest enfrenta una prueba de legitimidad que trasciende lo técnico.
Y esto aplica a toda empresa extractiva, necesaria para el desarrollo, pero obligada a entender que el desarrollo sin confianza deriva en conflicto.
Porque en minería, como en liderazgo, no basta con tener razón. Es necesario generar confianza para que otros decidan acompañar el proceso.
La verdadera riqueza nunca ha sido únicamente el oro. Siempre ha sido la credibilidad, y esa no se extrae del subsuelo.
